Por Andrés García
Esta semana las redes sociales registraron, en imágenes y video, el maltrato físico y psicológico que sufrió una joven indígena menor de edad, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, por parte de algunos miembros de su misma comunidad, los cuales le propinaron – al parecer – más de 140 golpes, a manera de castigo, atentando no solo en contra de su humanidad, violentando sus derechos y su salud, sino también en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, establecidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el (No. 3) “garantizar una vida sana y promover el bienestar”, (No. 5) “lograr la igualdad de los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, (No. 10) “reducir la desigualdad en y entre los países” y (No. 16) “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”. Ninguno de estos objetivos se cumplió.
Es absolutamente inadmisible y reprochable que estas “prácticas culturales” ocurran en tiempos actuales, independientemente de la tradición que exista en algunos de los 87 pueblos indígenas, distribuidos en resguardos, en todo el país. Es aún más inaceptable que estas continúen dándose justificadas al amparo de la conservación de sus creencias, en el ejercicio de su autonomía y de la “preservación” de su cultura. ¡Estos son actos de barbarie! La autonomía y la preservación cultural no pueden ser conceptos que promuevan el maltrato a los seres humanos.
Cicerón, decía: “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. Como sociedad civil no podemos guardar silencio frente al acto atroz y de salvajismo observado que en buen momento generó rechazo por parte de las autoridades departamentales, como fue el caso del Gobernador Juan Diego Patiño quien repudió el acto e informó que elevará denuncia penal en contra de los maltratados, al tiempo en que exhortó a que los líderes indígenas del territorio departamental “no se escuden en esas tradiciones para ir en contravía de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Desde la Asamblea de Risaralda, en el cierre de sesiones extraordinarias, las diputadas Jaqueline Fernández y Paola Nieto, apoyadas por el resto de los corporados, manifestaron su enérgico rechazo a estas modalidades de violencia y anunciaron que emitirán un comunicado expresando su voz de protesta, al tiempo en que realizarán citación a los líderes indígenas para evitar que este tipo de abusos acontezcan.
Garantizar una vida sana, lograr la igualdad de géneros y promover sociedades justas, objetivos relacionados en la Agenda 2030, son deberes del ser humano, incluidos mestizos, negros e indígenas colombianos. En ese sentido, nos rige un marco normativo de entendimiento supranacional, de carácter humanitario, y además unos derechos y deberes consignados en la Constitución Política Colombiana de 1991 que deben ser acatados por encima de cualquier creencia, tradición cultural territorial o étnia. La norma es para todos y todas.
En nuestros pueblos indígenas existen personas valiosas, sabedores ancestrales, expresiones culturales como lenguas, música, danza y oralitura, dignas de protección y preservación, pero queda claro que no todo lo que se conoce por práctica cultural merece ser convalidado. Un buen indicador para establecer la diferencia es identificar si dicha práctica dignifica o atenta contra la vida humana.
Bajo el principio de que el arte y la cultura enaltecen al ser, indigna por demás llamar a esta barbarie “práctica cultural”, por no referirme al tema de la ablación del clítoris, sobre el cual me pronunciaré en otro escrito. *Director de Cultura de Risaralda.
